La Ley N.º 21.822, publicada el 1 de junio de 2026, crea la Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable, estableciendo por primera vez en Chile un marco normativo integral destinado a proteger y promover los derechos de las personas mayores. La normativa busca garantizar su inclusión social, autonomía, participación y acceso efectivo a la justicia, en concordancia con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Un aspecto especialmente relevante es que la ley no se limita a establecer principios generales, sino que incorpora obligaciones para el Estado, las familias y la comunidad, reconociendo expresamente situaciones de vulnerabilidad, abuso, discriminación y abandono que afectan a las personas mayores. La ley comenzará a regir plenamente el 1 de junio de 2027, por lo que las instituciones públicas deberán adecuar progresivamente sus políticas y procedimientos.
¿Qué establece la Ley 21.822?
La ley define a las personas mayores como aquellas que tienen 60 años o más y reconoce una serie de principios rectores, entre ellos:
- Dignidad y autonomía.
- Igualdad y no discriminación.
- Participación e inclusión social.
- Seguridad económica y social.
- Buen trato y atención preferente.
- Protección familiar y comunitaria.
- Acceso efectivo a la justicia.
- Enfoque de género y de curso de vida.
La normativa busca garantizar que las personas mayores puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones respecto del resto de la población, promoviendo su independencia y participación activa en la sociedad.
Impacto en el derecho de familia
Desde la perspectiva del derecho de familia, esta ley podría tener importantes efectos prácticos.
Mayor protección frente al abandono y la violencia familiar
La ley reconoce expresamente diversas formas de violencia contra las personas mayores, incluyendo:
- Violencia física.
- Violencia psicológica.
- Violencia patrimonial.
- Violencia financiera.
- Violencia laboral.
- Abandono social.
Esto podría generar un aumento en las denuncias y acciones judiciales vinculadas a:
- Abandono de personas mayores por familiares.
- Apropiación indebida de bienes.
- Administración abusiva de patrimonios.
- Presiones indebidas para transferir bienes o celebrar contratos.
En consecuencia, los Tribunales de Familia podrían enfrentar una creciente litigación relacionada con medidas de protección para personas mayores vulnerables.
Relevancia respecto de los alimentos
La ley fortalece el principio de solidaridad familiar, reforzando indirectamente las obligaciones alimentarias existentes entre ascendientes y descendientes contempladas en el Código Civil.
Aunque la Ley 21.822 no modifica directamente las normas sobre alimentos, sí entrega una nueva perspectiva interpretativa que podría influir en los tribunales al analizar:
- Necesidades especiales derivadas del envejecimiento.
- Gastos médicos y de cuidado.
- Situaciones de dependencia funcional.
- Condiciones de vulnerabilidad económica.
¿La ley modifica las interdicciones?
Un cambio de paradigma sobre capacidad y autonomía
Aunque la Ley 21.822 no elimina las normas de interdicción vigentes del Código Civil, sí incorpora un enfoque centrado en la autonomía, independencia y protagonismo de las personas mayores.
Este punto resulta particularmente relevante porque la legislación chilena todavía mantiene instituciones tradicionales de incapacidad e interdicción para determinados casos.
La nueva ley se alinea con estándares internacionales que privilegian:
- La toma de decisiones con apoyos.
- La menor restricción posible de derechos.
- La preservación de la autonomía personal.
- El respeto de la voluntad de la persona mayor.
Posibles efectos judiciales
En la práctica, esta normativa podría influir en:
- Solicitudes de interdicción por demencia.
- Nombramientos de curadores.
- Administración de bienes de personas mayores.
- Conflictos familiares por representación legal.
Es probable que los tribunales adopten una interpretación más estricta respecto de la necesidad y proporcionalidad de medidas que limiten la capacidad jurídica de una persona mayor, privilegiando soluciones menos invasivas cuando sea posible.
Protección frente al abuso patrimonial
Uno de los aspectos más innovadores de la Ley 21.822 es el reconocimiento expreso del abuso patrimonial.
La ley lo define como el mal uso, explotación o apropiación de los bienes de una persona mayor sin consentimiento válido o mediante fraude, engaño o consentimiento viciado. Asimismo, reconoce el abuso económico en relaciones de consumo.
Esta regulación podría tener efectos relevantes en materias como:
- Donaciones cuestionadas.
- Mandatos otorgados bajo presión.
- Transferencias de bienes a familiares.
- Contratos celebrados en condiciones abusivas.
- Conflictos hereditarios y sucesorios.
Impacto en el derecho laboral
Aunque la ley no modifica directamente el Código del Trabajo, sí introduce principios que podrían influir en la interpretación de las normas laborales.
Prohibición de discriminación por edad
La normativa promueve la igualdad y la no discriminación arbitraria respecto de las personas mayores.
Esto refuerza la necesidad de evitar prácticas como:
- Exclusiones en procesos de contratación por edad.
- Desvinculaciones fundadas exclusivamente en la edad del trabajador.
- Restricciones injustificadas de capacitación o promoción laboral.
Envejecimiento activo y participación económica
La ley promueve el envejecimiento activo y la integración plena de las personas mayores en la sociedad.
Desde una perspectiva laboral, ello podría impulsar:
- Políticas de empleo para personas mayores.
- Programas de reconversión laboral.
- Medidas de adaptación de puestos de trabajo.
- Estrategias de inclusión intergeneracional en las empresas.
Violencia laboral contra personas mayores
La ley incorpora expresamente la violencia laboral dentro de las formas de violencia que pueden afectar a las personas mayores.
Este reconocimiento podría servir como fundamento adicional en procedimientos laborales relacionados con:
- Acoso laboral.
- Discriminación por edad.
- Vulneración de derechos fundamentales.
Consecuencias prácticas para las familias
Las familias deberán considerar especialmente:
- La obligación de respetar la autonomía de las personas mayores.
- La necesidad de prevenir situaciones de abuso patrimonial.
- El deber de evitar conductas de abandono o maltrato.
- La importancia de planificar adecuadamente la administración de bienes y cuidados futuros.
- La posible intervención judicial en situaciones de vulnerabilidad.
Asimismo, quienes administren patrimonios o apoyen a personas mayores en la toma de decisiones deberán actuar con especial diligencia para evitar responsabilidades civiles o judiciales.
Conclusión
La Ley 21.822 representa uno de los cambios más relevantes en materia de protección de las personas mayores en Chile durante los últimos años. Más que crear nuevos procedimientos judiciales, establece un nuevo marco interpretativo basado en la dignidad, autonomía, participación y protección integral.
Su impacto será particularmente importante en materias de derecho de familia, alimentos, protección patrimonial, acceso a la justicia y procesos relacionados con interdicciones o limitaciones de capacidad. Asimismo, podría influir progresivamente en el ámbito laboral, fortaleciendo la protección frente a la discriminación por edad y promoviendo una participación más activa de las personas mayores en el mercado del trabajo.
La aplicación práctica de esta ley probablemente marcará una nueva etapa en la forma en que tribunales, instituciones públicas y familias abordan los derechos de las personas mayores en Chile.
Paola Ospital | Abogada | ospitalabogadas.cl